Prensa UNETE CTR.- Según portavoces de la central Obrera Unete un buque Atunero propiedad de los dueños de la empresa fabricante de los productos “Atún Paraguaná” estaría desaparecido.
A la salida de una reunión, dirigentes de la Central Obrera Unete dieron la noticia sobre la presunta desaparición de un buque atunero de nombre “Don Francisco” propiedad de los dueños de “Atún Paraguaná” que se encontraba detenido por presunto trafico de combustible desde el pasado año 2.011.
Marcela Máspero y Eduardo Sánchez dirigentes de esta organización ofrecieron declaraciones la tarde de este viernes, luego que una comisión de esta Confederación diera los resultados del levantamiento de sus investigaciones respecto a varios conflictos en el país; el informe incluyó la situación actual de los trabajadores en “Atún Paraguana”.
Desde año 2.011 los trabajadores de esta procesadora de alimentos ubicada en la cuidad de Cumaná en el Edo. Sucre luchan por mejorar su contrato colectivo y por evitar las paralizaciones de producción que por años lleva realizando la empresa, periodo en el cual se les suspenden sus salarios.
El caso ha estado en la palestra pública debido a varios incidentes entre los que destacan amenazas contra la vida de directivos sindicales, la violencia que en contra de ellos se ha vivido en la instalaciones de esta empresa o el desvió de su materia prima (atún) a puertos del hermano país de Colombia
Según indicaron Maspero y Sánchez desde el pasado 12 de Febrero una comisión enviada de Caracas se instaló en la ciudad de Cumaná para hacer un levantamiento general de este conflicto, afirman que las investigaciones mostraron varios hallazgos.
Los datos recogidos muestran que el paro propiciado por los dueños durante los meses de Octubre y Noviembre de año 2.011 aun no ha sido sancionado por el Indepabis; pese a que Ley que los rige establece castigo a las empresas que interrumpan la producción de alimentos.
Otro de los resultados del informe que dieron a conocer, indica que el Inspector del Trabajo, Sergio García calificó en noviembre de 2.011 esta paralización como lockout, no obstante devela que no existe procedimiento de sanción por este ilícito.
En el año 2.009 la inspectoría del trabajo de Cumaná estuvo a cargo del abogado Osman Palmar, durante ese mismo año esta empresa realizó un paro idéntico que el del año 2.011, los empresarios en esa oportunidad fueron sancionados a pagar por este ilícito más de 600.000 bolívares fuertes.
Una eventual multa por parte del actual inspector del trabajo por el paro ilegal del 2.011 estaría según esta investigación por el orden de un millón de bolívares fuertes; hasta ahora se desconoce por qué este funcionario desatendió un mandato expreso de la ley en cuanto a la aplicación de sanciones en este caso.
Por otro lado, las negociaciones del contrato colectivo arribaron a 11 meses, la inspectoría del trabajo negó en 2 oportunidades en el año 2011 la posibilidad de ejercer la huelga al no admitir el carácter conflictivo de las negociaciones, fue el 24 de Enero de 2.012 que el carácter conflictivo les fue admitido, sin embargo no han podido ejercer la huelga pues le corresponde al ministerio del trabajo fijar una de los requisito para ello como los son lo servicios mínimos indispensable, fijación que hasta hora no se ha dado.
Informaron también, que los tribunales laborales negaron la solicitud de los propietarios de esta factoría de dejar sin efecto la orden de pago de salarios caídos emitida por la inspectoría del trabajo a consecuencia del paro del año 2.011.
La comisión topó con el hallazgo que esta empresa mantenía un buque atunero detenido por averiguaciones por presunto tráfico de combustible desde julio de 2011, el barco fue aparentemente autorizado a zarpar por la Capitanía de Puertos de Cumaná a finales de diciembre de ese mismo año sin que la fiscalía o el tribunal autorizara tal salida, la nave esta prófuga de la justicia desde ese entonces, la información también muestra que este barco esta fuera del país.
“Ya se sabe que la embarcación zarpo ilegalmente, sin embargo los armadores (dueños) están en el país, hay que ordenarles que regresen la nave o sino proceder penalmente en su contra”.
El informe no señala por que el ministerio público de la zona no ha tomado acciones o si desconoce de la situación, o el por que luego de tantos meses que estuvo detenido no se les han imputado cargos; los portavoces de esta organización aprovecharon para denunciar este hecho y exhortaron a la fiscalía general a que tome cartas en el asunto.
Las averiguaciones señalan actuaciones de otros organismos en torno a esta empresa como INSOPESCA, Guardia Nacional entre otros, pero no se detallaron las mismas.
Para los voceros de esta Confederación de Trabajadores, el informe del caso “atún Paraguaná” develó la impunidad con la que se actúan estos empresarios y las actuaciones tardías e incluso la ausencia de ellas por parte funcionarios en distintos organismos públicos cuando esta empresa comete ilícitos.
Responsabilizaron a estos funcionarios de contribuir con la explotación laboral, inseguridad alimentaria, la impunidad, de entorpecer la soberanía nacional, la inestabilidad social y económica y de confundir a la población sobre las políticas reales del proceso revolucionario al cual califican de esencial para la patria.
“Este caso se mueve entre la impunidad o la corrupción, lo cierto es que solo beneficia al empresario y a las practica ilícitas de algunas personas en la sociedad”.
Creen que los hallazgos también dan luces sobre las razones del por que los trabajadores se les dificulta lograr el cumplimientos de sus derecho, así como la mejora de sus condiciones.
Anunciaron que se llevarán estás denuncias a instancias gubernamentales nacionales ubicadas en la ciudad de Caracas.
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