Sindicalistas de una procesadora de pescados y conservas marinas ubicada en el municipio Bolívar aseguraron que la empresa prescindirá de, al menos, el 40% de la nómina. Denunciaron calificaciones de despidos que serían aprobados por la Inspectoría del Trabajo de Cumaná y aseguraron amedrentamiento de cuerpos de inteligencia policial para evitar manifestaciones.
(Prensa-Sindicato Corporación 3C).- Al menos unos 40 trabajadores de la Corporación 3C, empresa enlatadora de pescado y conservas marinas ubicada en Marigüitar, municipio Bolívar, poseen calificaciones de despido ante la Inspectoría del Trabajo de Cumaná, por reclamar beneficios establecidos en la contratación colectiva de la factoría. Hasta el momento el ente laboral ha procesado cuatro cesantías y se espera por el pronunciamiento del resto de los expedientes introducidos por la parte patronal. Esto representaría el 40% de la nómina, integrada por una masa laboral de cien trabajadores.
Julio Márquez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Corporación 3C Planta Marigüitar, informó que de los trabajadores cuyos expedientes reposan en el ente a cargo de la inspectora Paulina Fernández, figuran cuatro representantes sindicales. “En 2008 iniciamos una serie de reclamos ante la Inspectoría los cuales no fueron procesados, entre ellos solicitamos desde una ambulancia hasta bono de producción. La nueva administración de la empresa maquilló la situación, maltrató a los trabajadores e inició calificación a 40 empleados, lo que significa casi la mitad de la masa laboral. La Inspectoría no ha tomado acciones contra eso y al contrario, nos acusa de que atentamos contra la soberanía alimentaria” explicó el vocero.
Márquez detalló que la factoría paraliza la producción de manera irregular, trabajando solo dos o tres días a la semana y dejando de producir alimentos básicos para la población. Aseguró que la Corporación posee inventario de maquinaria y suministros para faenar de manera constante. “Nos corresponde, por contrato colectivo, un bono de producción al llegar a las 28 mil cajas de enlatados, pero cuando la producción va por 25 mil, paralizan y cambian la producción hacia otro insumo como camarones, con el fin de no cancelar lo que nos corresponde” puntualizó.
Aseguró que por esta situación, varios consejos comunales del municipio Bolívar, en conjunto con trabajadores, iniciaron manifestaciones exigiendo producción total de la planta. “La respuesta fue amedrentamiento del Sebín, diciendo que no podíamos protestar. Nos acusan de que paralizamos el trabajo cuando la realidad es que el patrono detiene la producción y desmantela poco a poco la maquinaria, poniendo en riesgo nuestros puestos de empleo y estabilidad laboral” explicó y señaló que consignaron una serie de documentos ante la Inspectoría del Trabajo, para dar cuenta sobre la situación interna de la planta, pero el ente laboral desestimó aceptar las pruebas presentadas. “Como la Inspectora Fernández no aceptó las pruebas, acudimos a la Defensoría del Pueblo para que se establezca una mesa de negociaciones, pues nos cercenan el derecho al trabajo y nos prohíben manifestar” resaltó.
Luís Velásquez, secretario de reclamos del Sindicato, indicó que posee calificación de despido por reclamar ambulancia, bono, seguro social y denuncias sobre accidentes laborales. “La empresa tiene capacidad para producir 2.500 cajas diarias de sardinas, de 48 latas cada una, pero no cumple la meta porque el patrono detiene la producción, no nos lleva los suministros o los envía a otras empresas” aseguró.
Los voceros sindicales apuntaron que con estas acciones se violentaría la Constitución Bolivariana de Venezuela en los artículos 87 que garantiza el derecho al trabajo y 68 que otorga el derecho a las protestas, además del artículo 86 que garantiza la seguridad social, salud, servicios públicos y protección, además del derecho al trabajo garantizado por el estado.
De igual forma, manifestaron que los funcionarios públicos podrían incurrir en delitos tipificados en la Ley Contra la Corrupción, sobre todo en los artículos 67 y 70 que determina sanciones a quienes abusen de sus funciones y castigos para funcionarios que, por razón de su cargo, intervengan, se parcialicen o utilicen maniobras para favorecer a una de las partes.
Asimismo, los voceros aseguraron que se violentan artículos establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo (Lottt) en los que se establece el derecho a la protesta, protección del empleo, despidos injustificados y garantía de estabilidad laboral.
(Prensa-Sindicato Corporación 3C).- Al menos unos 40 trabajadores de la Corporación 3C, empresa enlatadora de pescado y conservas marinas ubicada en Marigüitar, municipio Bolívar, poseen calificaciones de despido ante la Inspectoría del Trabajo de Cumaná, por reclamar beneficios establecidos en la contratación colectiva de la factoría. Hasta el momento el ente laboral ha procesado cuatro cesantías y se espera por el pronunciamiento del resto de los expedientes introducidos por la parte patronal. Esto representaría el 40% de la nómina, integrada por una masa laboral de cien trabajadores.
Julio Márquez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Corporación 3C Planta Marigüitar, informó que de los trabajadores cuyos expedientes reposan en el ente a cargo de la inspectora Paulina Fernández, figuran cuatro representantes sindicales. “En 2008 iniciamos una serie de reclamos ante la Inspectoría los cuales no fueron procesados, entre ellos solicitamos desde una ambulancia hasta bono de producción. La nueva administración de la empresa maquilló la situación, maltrató a los trabajadores e inició calificación a 40 empleados, lo que significa casi la mitad de la masa laboral. La Inspectoría no ha tomado acciones contra eso y al contrario, nos acusa de que atentamos contra la soberanía alimentaria” explicó el vocero.
Márquez detalló que la factoría paraliza la producción de manera irregular, trabajando solo dos o tres días a la semana y dejando de producir alimentos básicos para la población. Aseguró que la Corporación posee inventario de maquinaria y suministros para faenar de manera constante. “Nos corresponde, por contrato colectivo, un bono de producción al llegar a las 28 mil cajas de enlatados, pero cuando la producción va por 25 mil, paralizan y cambian la producción hacia otro insumo como camarones, con el fin de no cancelar lo que nos corresponde” puntualizó.
Aseguró que por esta situación, varios consejos comunales del municipio Bolívar, en conjunto con trabajadores, iniciaron manifestaciones exigiendo producción total de la planta. “La respuesta fue amedrentamiento del Sebín, diciendo que no podíamos protestar. Nos acusan de que paralizamos el trabajo cuando la realidad es que el patrono detiene la producción y desmantela poco a poco la maquinaria, poniendo en riesgo nuestros puestos de empleo y estabilidad laboral” explicó y señaló que consignaron una serie de documentos ante la Inspectoría del Trabajo, para dar cuenta sobre la situación interna de la planta, pero el ente laboral desestimó aceptar las pruebas presentadas. “Como la Inspectora Fernández no aceptó las pruebas, acudimos a la Defensoría del Pueblo para que se establezca una mesa de negociaciones, pues nos cercenan el derecho al trabajo y nos prohíben manifestar” resaltó.
Luís Velásquez, secretario de reclamos del Sindicato, indicó que posee calificación de despido por reclamar ambulancia, bono, seguro social y denuncias sobre accidentes laborales. “La empresa tiene capacidad para producir 2.500 cajas diarias de sardinas, de 48 latas cada una, pero no cumple la meta porque el patrono detiene la producción, no nos lleva los suministros o los envía a otras empresas” aseguró.
Los voceros sindicales apuntaron que con estas acciones se violentaría la Constitución Bolivariana de Venezuela en los artículos 87 que garantiza el derecho al trabajo y 68 que otorga el derecho a las protestas, además del artículo 86 que garantiza la seguridad social, salud, servicios públicos y protección, además del derecho al trabajo garantizado por el estado.
De igual forma, manifestaron que los funcionarios públicos podrían incurrir en delitos tipificados en la Ley Contra la Corrupción, sobre todo en los artículos 67 y 70 que determina sanciones a quienes abusen de sus funciones y castigos para funcionarios que, por razón de su cargo, intervengan, se parcialicen o utilicen maniobras para favorecer a una de las partes.
Asimismo, los voceros aseguraron que se violentan artículos establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo (Lottt) en los que se establece el derecho a la protesta, protección del empleo, despidos injustificados y garantía de estabilidad laboral.
SERA VERDAD ESTO????? HABIRA QUE INVESTIGAR SI LO QUE DICEN ES CIERTO
ResponderEliminarCachicamo diciendole a morrocoy conchuo ellos llamando corrupto a los demas y en el pueblo se escuchan rumores que se agarraron los riales de los trabajadores que les da la empresa al sindicato.
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