Por: JOSÉ ISIDRO CORDERO
¿Cuál es la diferencia real entre aquella disposición implementada en uno de los gobiernos democráticos, denominada “Plomo al Hampa” y la implementada ahora por este gobierno totalitario, denominada “Operación para la Liberación del Pueblo” (OLP), similar “Plomo al Hampa”, pero con resultados más cruentos? La primera diferencia, de importancia vital, fue la sinceridad: los líderes gubernamentales de la era democrática presentaron sus ideas de acción contra el hampa a la discusión pública.
Las asociaciones dedicadas a velar por los derechos humanos; el Congreso de la República, los órganos jurisdiccionales de justicia; los medios de comunicación social; todos opinaron abiertamente y con cara al país, sobre la conveniencia o no del plan de acción y sobre la forma de aplicación, en función de evitar traumas en el orden social y resentimientos en las familias difíciles de restañar. Otra diferencia, se aprecia en este hecho lo siguiente: un alto porcentaje de las bandas hamponiles de hoy están integradas por individuos estimulados por el propio Gobierno a través de sus políticas de apoyo, dotación y protección de los llamados “colectivos”, por ello la delicadeza al denominar el plan con el nombre de OLP como dejando connotar la idea de ser el ataque al hampa algo a la cual el Gobierno ha sido empujado. Otra, el cálculo político electoral hecho por el Gobierno actual; visto de esta manera: Dejaron extender tanto la actividad delincuencial, hasta el punto de atentar profusamente contra personas de urbanizaciones populares donde existe una alta concentración de votantes, cuyas quejas por la inseguridad la hacen a viva voz; entonces, el Gobierno se la juega reduciendo a unos pocos, aun cuando tengan propensión a ser aliados, buscando el aplauso de las mayorías.
Esas diferencias indicadas –agudizando bien los sentidos se pueden llegar a detectar muchas más- testimonian el respeto de los gobiernos democrático venezolanos hacia el pueblo y la voluntad de enaltecer la dignidad de la persona humana. La forma cómo el Gobierno ejecuta la tarea de combatir la delincuencia, mediante la implementación del plan “Operación para la Liberación del Pueblo”, tiene tendencia a convertirse en ejecuciones sin fórmulas de juicios. Es evidente, la gente quiere vivir tranquila, sin sobresaltos, segura de su vida y de sus bienes, laborando en pro de la grandeza del país, pero denuncia y condena las acciones llevadas a cabo fuera del ordenamiento legal. Espeluznan casos como el evidenciado, esta semana pasada, en la actuación de la policía del estado Aragua al detener y ejecutar (matar) en sitio a cuatro jóvenes supuestamente pertenecientes a una banda de delincuentes; es como si tuvieran orden de ninguno a los tribunales. Gracias a la información a través de las redes mostrando los hechos en vivo, Gobernador de Aragua no tuvo otra alternativa, sino admitir excesos policiales, mientras tanto el Defensor del Pueblo, el inefable Tarek William, se regodea en imperturbable silencio.
BRISAS SUAVES
REFIRIÉNDOSE AL ANUNCIO del Presidente Maduro de estar elaborando una Ley contra el bachaqueo, lo dice bien el licenciado Joaquín Ruiz, presidente de Fedecámaras Sucre: “Es pura ridiculez”. Ciertamente, es eso. Porque el Gobierno sabe exactamente quiénes son, dónde están, por qué lo hacen y a quiénes maltratan revendiendo los productos de Mercal, entonces, para meterlos en carril sólo basta aplicarle las leyes vigentes, como la Ley de Precios Justos, la Ley contra el Contrabando. Anuncios de instrumentos legales futuros para corregir es ridículo…
GESTOS DE ESTA NATURALEZA me insuflan ánimo y compromiso. Hace pocos días estuve en la ciudad de Güiria. Fui a una reunión de carácter político; cuando uno de los oradores al dar los saludos de rigor, mencionó mi nombre, y hacer yo la venia de agradecimiento, una persona del público asistente vino rápido a mí y, tendiéndome la mano, me dijo: “Yo soy José Vicente Molina Musanike, ¿puede usted venir conmigo a mi casa, en este instante? Es muy cerca de aquí. Mi madre desea conocerlo”. Visto el motivo de la petición, me levante y lo seguí; en efecto, dos cuadras del sitio de la reunión, doblando en L, llegamos a la puerta de una casa y José Vicente comenzó a gritar: “¡Mamá, mamá, ven a ver quién está aquí!” Al instante, una señora de baja estatura, tez blanca, delgada, con pelo crespo cortado por encima de los hombros y rasgos muy finos salió a la luz del corredor. Era la señora Josefina Musanike de Molina (nombre aportado previamente por José Vicente, mientras caminábamos a su casa). Ella no esperó la presentación. De su boca surgió una exclamación: “¡Aay, es el señor José Isidro Cordero! –y siguió hablando-. Usted escribe muy bonito -allí exageró-. Yo llevo varios años tomándome mi primer café mañanero de los lunes leyendo su columna, cuánto le agradezco que haya venido a saludarme; no deje de escribir”. Y sus finos labios dejaron escapar una maternal sonrisa.
USTED VOLVERÁ a leerme.
¿Cuál es la diferencia real entre aquella disposición implementada en uno de los gobiernos democráticos, denominada “Plomo al Hampa” y la implementada ahora por este gobierno totalitario, denominada “Operación para la Liberación del Pueblo” (OLP), similar “Plomo al Hampa”, pero con resultados más cruentos? La primera diferencia, de importancia vital, fue la sinceridad: los líderes gubernamentales de la era democrática presentaron sus ideas de acción contra el hampa a la discusión pública.
Las asociaciones dedicadas a velar por los derechos humanos; el Congreso de la República, los órganos jurisdiccionales de justicia; los medios de comunicación social; todos opinaron abiertamente y con cara al país, sobre la conveniencia o no del plan de acción y sobre la forma de aplicación, en función de evitar traumas en el orden social y resentimientos en las familias difíciles de restañar. Otra diferencia, se aprecia en este hecho lo siguiente: un alto porcentaje de las bandas hamponiles de hoy están integradas por individuos estimulados por el propio Gobierno a través de sus políticas de apoyo, dotación y protección de los llamados “colectivos”, por ello la delicadeza al denominar el plan con el nombre de OLP como dejando connotar la idea de ser el ataque al hampa algo a la cual el Gobierno ha sido empujado. Otra, el cálculo político electoral hecho por el Gobierno actual; visto de esta manera: Dejaron extender tanto la actividad delincuencial, hasta el punto de atentar profusamente contra personas de urbanizaciones populares donde existe una alta concentración de votantes, cuyas quejas por la inseguridad la hacen a viva voz; entonces, el Gobierno se la juega reduciendo a unos pocos, aun cuando tengan propensión a ser aliados, buscando el aplauso de las mayorías.
Esas diferencias indicadas –agudizando bien los sentidos se pueden llegar a detectar muchas más- testimonian el respeto de los gobiernos democrático venezolanos hacia el pueblo y la voluntad de enaltecer la dignidad de la persona humana. La forma cómo el Gobierno ejecuta la tarea de combatir la delincuencia, mediante la implementación del plan “Operación para la Liberación del Pueblo”, tiene tendencia a convertirse en ejecuciones sin fórmulas de juicios. Es evidente, la gente quiere vivir tranquila, sin sobresaltos, segura de su vida y de sus bienes, laborando en pro de la grandeza del país, pero denuncia y condena las acciones llevadas a cabo fuera del ordenamiento legal. Espeluznan casos como el evidenciado, esta semana pasada, en la actuación de la policía del estado Aragua al detener y ejecutar (matar) en sitio a cuatro jóvenes supuestamente pertenecientes a una banda de delincuentes; es como si tuvieran orden de ninguno a los tribunales. Gracias a la información a través de las redes mostrando los hechos en vivo, Gobernador de Aragua no tuvo otra alternativa, sino admitir excesos policiales, mientras tanto el Defensor del Pueblo, el inefable Tarek William, se regodea en imperturbable silencio.
BRISAS SUAVES
REFIRIÉNDOSE AL ANUNCIO del Presidente Maduro de estar elaborando una Ley contra el bachaqueo, lo dice bien el licenciado Joaquín Ruiz, presidente de Fedecámaras Sucre: “Es pura ridiculez”. Ciertamente, es eso. Porque el Gobierno sabe exactamente quiénes son, dónde están, por qué lo hacen y a quiénes maltratan revendiendo los productos de Mercal, entonces, para meterlos en carril sólo basta aplicarle las leyes vigentes, como la Ley de Precios Justos, la Ley contra el Contrabando. Anuncios de instrumentos legales futuros para corregir es ridículo…
GESTOS DE ESTA NATURALEZA me insuflan ánimo y compromiso. Hace pocos días estuve en la ciudad de Güiria. Fui a una reunión de carácter político; cuando uno de los oradores al dar los saludos de rigor, mencionó mi nombre, y hacer yo la venia de agradecimiento, una persona del público asistente vino rápido a mí y, tendiéndome la mano, me dijo: “Yo soy José Vicente Molina Musanike, ¿puede usted venir conmigo a mi casa, en este instante? Es muy cerca de aquí. Mi madre desea conocerlo”. Visto el motivo de la petición, me levante y lo seguí; en efecto, dos cuadras del sitio de la reunión, doblando en L, llegamos a la puerta de una casa y José Vicente comenzó a gritar: “¡Mamá, mamá, ven a ver quién está aquí!” Al instante, una señora de baja estatura, tez blanca, delgada, con pelo crespo cortado por encima de los hombros y rasgos muy finos salió a la luz del corredor. Era la señora Josefina Musanike de Molina (nombre aportado previamente por José Vicente, mientras caminábamos a su casa). Ella no esperó la presentación. De su boca surgió una exclamación: “¡Aay, es el señor José Isidro Cordero! –y siguió hablando-. Usted escribe muy bonito -allí exageró-. Yo llevo varios años tomándome mi primer café mañanero de los lunes leyendo su columna, cuánto le agradezco que haya venido a saludarme; no deje de escribir”. Y sus finos labios dejaron escapar una maternal sonrisa.
USTED VOLVERÁ a leerme.
Y PRESOS DEBERIAN IR LOS MALANDROS DE LA CONSTRUCTORA DEL ALBA (CUBANOS) QUE HAN ROBADO A LA NACION Y DESPILFARRADO LOS RECURSOS APROBADOS PARA LA CULMINACION DE LA CHOCOLATERA EN CARUPANO Y TODAVIA ESTA EN VEREMOS!!!!
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