Por: JOSÉ ISIDRO CORDERO
¿Es o no un Decreto Presidencial -en condiciones vigentes- parte del cuerpo normativo jurídico de una República? Nadie puede negar la potencia jurídica de un Decreto Presidencial para hacerse merecedor de acatamiento. Se estaría en desobediencia en caso de negación a cumplirlo; es más, estarían en falta grave las autoridades responsables de hacer efectivo su cumplimiento si adoptaran la posición de no darse por enterados, ni poner correctivos frente a actos de desacato.
Esta disertación aflora espoleada por la iracundia mostrada por el Gobierno para expresar su desagrado ante el hecho cierto de, en uso de sus facultades, haber ordenado la Directiva de la Asamblea Nacional, el desalojo de retratos, fotos, imágenes y demás elementos idolátricos del difunto expresidente Hugo Chávez de los espacios del edificio del Parlamento Nacional, y a la vez ordenar sustituir la imagen de El Libertador Simón Bolívar elaborada mediante mecanismos tecnológicos de imposible comprobación, por la imagen clásica establecida en el retrato calificado por el propio Libertador como copia fiel a su semblanza; la cual ha venido siendo, desde antes de concluir la gesta emancipadora, la remembranza en la conciencia colectiva de la existencia vital de El Libertador. Pues, los oportunistas, muy dados a aprovecharse de las vibraciones históricas, autoproclamándose “hijos de Chávez” ¿?, se han desparramado por rincones del país en manifestación plañidera, pidiendo algo así como justicia celestial, por lo calificado por ellos como acto de agravio imperdonable al “comandante eterno“. ¡Hijo de Bolívar! En esa manifestación a moco tendido han arrastrado, mediante empujones y amenazas, a miembros de la Fuerza Armada Nacional, cuya lealtad solo debe mantenerse como exigencia de la Patria.
Tal vez la orden de desalojo de los iconos chavistas del Palacio Legislativo, emanada de la directiva de la Asamblea Nacional, no tuvo como motivación inicial cumplir lo establecido en un Decreto Presidencial, sino quitar todas las decoraciones desestimulantes del espíritu en la tarea de concebir leyes de amplio beneficio popular.
El mencionado Decreto fue uno emitido por el Presidente Hugo Chávez bajo el número 7.836, de fecha 18 de noviembre de 2010, mediante el cual prohibía el uso de su imagen y nombre en instituciones públicas y en actos de carácter político. Entonces, los plañideros, entre los cuales está el general ministro de la Defensa y representante de la Fuerza Armada Nacional, en extremado estado de paroxismo han llevado al Gobierno a concebir la idea de hacer, a lo largo del territorio nacional, mil murales con la imagen de Chávez y del Simón Bolívar falsificado, en clara actitud de desobediencia al Decreto Presidencial de Chávez. Tal vez saquen a colación el hecho de no ser Hugo Chávez presidente actual de Venezuela, sino un líder continental, según sus creencias; entonces surge la pregunta, ¿por qué el Gobierno debe gastar parte de los dineros públicos en la promoción de una persona, además de murta de exclusiva posesión sentimental de un reducido grupo de la sociedad? Por la terquedad en seguir metiendo la pata.
BRISAS SUAVES
PARTIDARIO COMO soy una la Ley de Amnistía en favor de los presos y exiliados por cuestiones políticas, alerto a los elaboradores de ese instrumento legal a evitar en él signos de puntuación o frases de las cuales se puedan asir verdaderos delincuentes para burlar la justicia. Muchos piensan y dicen: “La prioridad de la Asamblea Nacional debe ser contribuir a la solución del problema económico del país”. Por supuesto, pero la libertad es un don inconmensurable, por tanto, ambas gestiones deben ir andando juntas…
CIERTO, PONE PIE en tierra el ministro para la Economía Productiva, Luis Salas, cuando expresa: “Esta no es la peor crisis de Venezuela en lo económico”. Sí, Venezuela ha vivido crisis económicas de mucho mayor impacto en contra del bienestar colectivo, pero ha sido bajo gobiernos inclinados a dejarse ayudar en la búsqueda de soluciones sin poner paraban ideológico. El Gobierno actual es terco; el señor Presidente de la República, Nicolás Maduro, ha anunciado un nuevo Plan de Revisión Económica, a presentar el día martes 12, y lo ha hecho bajo una especie de amenaza, muy propicia para ahuyentar cualquier disposición de colaboración para su viabilidad. Ello indica algo muy serio y lamentable: el señor Presidente se resiste o no ha interpretado el mensaje enviado por el pueblo el 6D, una precisa manifestación de rechazo casi unánime al modelo económico impuesto hasta ahora…
NO SÉ SI RESULTA prudente en las circunstancias actuales. Me han sugerido la idea de formar un frente nacional en apoyo a la Asamblea Nacional, visto el despliegue de algunos órganos del Poder Público tratando de reducirla en su actuación. Aconsejaría esperar un poco de tiempo más, pero sí me inclino a aupar esa iniciativa. Además, sostengo: La Asamblea Nacional debe tomar la calle para deliberar cara a cara con los ciudadanos y así fortalecer sus posiciones…
ES CORRECTA, jurídicamente, la decisión de la Asamblea Nacional de juramentar a los diputados del estado Amazonas; optó por obedecer al CNE, garante de las Credenciales de Proclamación, sin oponerse al TSJ en sus facultades de precisar la legalidad en la envestidura de tales diputados… USTED VOLVERÁ a leerme.
¿Es o no un Decreto Presidencial -en condiciones vigentes- parte del cuerpo normativo jurídico de una República? Nadie puede negar la potencia jurídica de un Decreto Presidencial para hacerse merecedor de acatamiento. Se estaría en desobediencia en caso de negación a cumplirlo; es más, estarían en falta grave las autoridades responsables de hacer efectivo su cumplimiento si adoptaran la posición de no darse por enterados, ni poner correctivos frente a actos de desacato.
Esta disertación aflora espoleada por la iracundia mostrada por el Gobierno para expresar su desagrado ante el hecho cierto de, en uso de sus facultades, haber ordenado la Directiva de la Asamblea Nacional, el desalojo de retratos, fotos, imágenes y demás elementos idolátricos del difunto expresidente Hugo Chávez de los espacios del edificio del Parlamento Nacional, y a la vez ordenar sustituir la imagen de El Libertador Simón Bolívar elaborada mediante mecanismos tecnológicos de imposible comprobación, por la imagen clásica establecida en el retrato calificado por el propio Libertador como copia fiel a su semblanza; la cual ha venido siendo, desde antes de concluir la gesta emancipadora, la remembranza en la conciencia colectiva de la existencia vital de El Libertador. Pues, los oportunistas, muy dados a aprovecharse de las vibraciones históricas, autoproclamándose “hijos de Chávez” ¿?, se han desparramado por rincones del país en manifestación plañidera, pidiendo algo así como justicia celestial, por lo calificado por ellos como acto de agravio imperdonable al “comandante eterno“. ¡Hijo de Bolívar! En esa manifestación a moco tendido han arrastrado, mediante empujones y amenazas, a miembros de la Fuerza Armada Nacional, cuya lealtad solo debe mantenerse como exigencia de la Patria.
Tal vez la orden de desalojo de los iconos chavistas del Palacio Legislativo, emanada de la directiva de la Asamblea Nacional, no tuvo como motivación inicial cumplir lo establecido en un Decreto Presidencial, sino quitar todas las decoraciones desestimulantes del espíritu en la tarea de concebir leyes de amplio beneficio popular.
El mencionado Decreto fue uno emitido por el Presidente Hugo Chávez bajo el número 7.836, de fecha 18 de noviembre de 2010, mediante el cual prohibía el uso de su imagen y nombre en instituciones públicas y en actos de carácter político. Entonces, los plañideros, entre los cuales está el general ministro de la Defensa y representante de la Fuerza Armada Nacional, en extremado estado de paroxismo han llevado al Gobierno a concebir la idea de hacer, a lo largo del territorio nacional, mil murales con la imagen de Chávez y del Simón Bolívar falsificado, en clara actitud de desobediencia al Decreto Presidencial de Chávez. Tal vez saquen a colación el hecho de no ser Hugo Chávez presidente actual de Venezuela, sino un líder continental, según sus creencias; entonces surge la pregunta, ¿por qué el Gobierno debe gastar parte de los dineros públicos en la promoción de una persona, además de murta de exclusiva posesión sentimental de un reducido grupo de la sociedad? Por la terquedad en seguir metiendo la pata.
BRISAS SUAVES
PARTIDARIO COMO soy una la Ley de Amnistía en favor de los presos y exiliados por cuestiones políticas, alerto a los elaboradores de ese instrumento legal a evitar en él signos de puntuación o frases de las cuales se puedan asir verdaderos delincuentes para burlar la justicia. Muchos piensan y dicen: “La prioridad de la Asamblea Nacional debe ser contribuir a la solución del problema económico del país”. Por supuesto, pero la libertad es un don inconmensurable, por tanto, ambas gestiones deben ir andando juntas…
CIERTO, PONE PIE en tierra el ministro para la Economía Productiva, Luis Salas, cuando expresa: “Esta no es la peor crisis de Venezuela en lo económico”. Sí, Venezuela ha vivido crisis económicas de mucho mayor impacto en contra del bienestar colectivo, pero ha sido bajo gobiernos inclinados a dejarse ayudar en la búsqueda de soluciones sin poner paraban ideológico. El Gobierno actual es terco; el señor Presidente de la República, Nicolás Maduro, ha anunciado un nuevo Plan de Revisión Económica, a presentar el día martes 12, y lo ha hecho bajo una especie de amenaza, muy propicia para ahuyentar cualquier disposición de colaboración para su viabilidad. Ello indica algo muy serio y lamentable: el señor Presidente se resiste o no ha interpretado el mensaje enviado por el pueblo el 6D, una precisa manifestación de rechazo casi unánime al modelo económico impuesto hasta ahora…
NO SÉ SI RESULTA prudente en las circunstancias actuales. Me han sugerido la idea de formar un frente nacional en apoyo a la Asamblea Nacional, visto el despliegue de algunos órganos del Poder Público tratando de reducirla en su actuación. Aconsejaría esperar un poco de tiempo más, pero sí me inclino a aupar esa iniciativa. Además, sostengo: La Asamblea Nacional debe tomar la calle para deliberar cara a cara con los ciudadanos y así fortalecer sus posiciones…
ES CORRECTA, jurídicamente, la decisión de la Asamblea Nacional de juramentar a los diputados del estado Amazonas; optó por obedecer al CNE, garante de las Credenciales de Proclamación, sin oponerse al TSJ en sus facultades de precisar la legalidad en la envestidura de tales diputados… USTED VOLVERÁ a leerme.
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