Prensa Dip. Robert Alcalá.- Durante su intervención en la plenaria de la Asamblea Nacional (AN) este 7 de junio, el diputado Robert Alcalá denunció que el gobierno fracasó en la planificación presupuestaria debido a la asignación discrecional de los recursos públicos, lo que afecta directamente a miles de trabajadores de las gobernaciones y alcaldías en todo el país.
Alcalá recalcó que con esto no se pretende la justa distribución de los dineros públicos para los alcaldes y gobernadores, sino para las personas que laboran en los gobiernos regionales y municipales que, en muchos casos, cobran salarios por debajo de la inflación y de las escalas salariales, como ocurre en el estado Sucre.
Cuestionó que con la centralización en la entrega de presupuestos a través de créditos adicionales, el gobierno chantajee a los estados y municipios y le asigna más recursos vía créditos adicionales a aquellos que tienen más contactos en Caracas.
Alcalá destacó el caso del estado Apure: “Hace dos años, esta entidad recibió dos veces el presupuesto público para pagar la totalidad de sus pasivos laborales”. Y recordó que quien gobierna Apure fue vicepresidente por lo que podría mantener más influencias en el alto gobierno. “Por qué no se lo dieron al resto de los estados?”, cuestionó.
El diputado calificó de “anormal” que los créditos adicionales superen los presupuestos de los gobiernos, lo que evidencia deficiencias en la planificación.
En el caso del estado Sucre, Alcalá afirmó que la contratación colectiva venció hace 10 años y, aun así, la gobernación no puede honrar las cláusulas de ese entonces con el presupuesto del 2016, ya que la Nación envió los fondos para cancelar los aumentos de salario mínimo pero no para las incidencias, primas y escalas salariales, situación que deja a los trabajadores de esta entidad en total indefensión ante la espiral inflacionaria que atraviesa el país.
“Conozco muy bien la situación laboral de los empleados públicos en mi estado. Apenas cuentan con una prima por hijo de 10 bolívares y un bono de transporte de 60. El presupuesto alcanza solo para tres meses de bono vacacional y no hay previsión del retroactivo ni ajuste del bono de alimentación y aguinaldos lo cual es de obligatorio cumplimiento”, expresó.
Alcalá rechazó que a los trabajadores jubilados se les niegue su derecho a una vejez digna y sin recibir la pensión que les corresponde, ya que las gobernaciones y alcaldía mantienen deudas con el Seguro Social y el Fondo de Ahorro de Viviendas.
Para finalizar, el diputado destacó que el centralismo presupuestario impide el cumplimiento de la inversión establecida en la constitución la cual señala que los estados destinarán un mínimo del 50 % del monto que corresponda del situado, tal como lo establece el artículo 167 de la Carta Magna.
Alcalá recalcó que con esto no se pretende la justa distribución de los dineros públicos para los alcaldes y gobernadores, sino para las personas que laboran en los gobiernos regionales y municipales que, en muchos casos, cobran salarios por debajo de la inflación y de las escalas salariales, como ocurre en el estado Sucre.
Cuestionó que con la centralización en la entrega de presupuestos a través de créditos adicionales, el gobierno chantajee a los estados y municipios y le asigna más recursos vía créditos adicionales a aquellos que tienen más contactos en Caracas.
Alcalá destacó el caso del estado Apure: “Hace dos años, esta entidad recibió dos veces el presupuesto público para pagar la totalidad de sus pasivos laborales”. Y recordó que quien gobierna Apure fue vicepresidente por lo que podría mantener más influencias en el alto gobierno. “Por qué no se lo dieron al resto de los estados?”, cuestionó.
El diputado calificó de “anormal” que los créditos adicionales superen los presupuestos de los gobiernos, lo que evidencia deficiencias en la planificación.
En el caso del estado Sucre, Alcalá afirmó que la contratación colectiva venció hace 10 años y, aun así, la gobernación no puede honrar las cláusulas de ese entonces con el presupuesto del 2016, ya que la Nación envió los fondos para cancelar los aumentos de salario mínimo pero no para las incidencias, primas y escalas salariales, situación que deja a los trabajadores de esta entidad en total indefensión ante la espiral inflacionaria que atraviesa el país.
“Conozco muy bien la situación laboral de los empleados públicos en mi estado. Apenas cuentan con una prima por hijo de 10 bolívares y un bono de transporte de 60. El presupuesto alcanza solo para tres meses de bono vacacional y no hay previsión del retroactivo ni ajuste del bono de alimentación y aguinaldos lo cual es de obligatorio cumplimiento”, expresó.
Alcalá rechazó que a los trabajadores jubilados se les niegue su derecho a una vejez digna y sin recibir la pensión que les corresponde, ya que las gobernaciones y alcaldía mantienen deudas con el Seguro Social y el Fondo de Ahorro de Viviendas.
Para finalizar, el diputado destacó que el centralismo presupuestario impide el cumplimiento de la inversión establecida en la constitución la cual señala que los estados destinarán un mínimo del 50 % del monto que corresponda del situado, tal como lo establece el artículo 167 de la Carta Magna.
buenas Rober por esta mala política empleada fue que decidimos darte el voto esperemos que puedas ayudar a resolver lo del bono vacacional que es lo que ayudara a los trabajadores a comprar uniformes y útiles escolares
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